La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha lanzado una consulta pública para recabar la opinión de los agentes interesados sobre cómo debería ser la regulación de las redes wi-fi prestadas por Administraciones Públicas (AAPP).
Los interesados tienen un mes para presentar sus respuestas. Las cuestiones que se plantean son:
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1. ¿A qué tipos de redes o servicios y de qué manera considera que afecta la realización de actividades de comunicaciones electrónicas soportadas sobre redes inalámbricas por las Administraciones Públicas?
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2. ¿Considera que la prestación de los servicios de banda ancha mediante tecnología wi-fi a precios inferiores a los costes de prestación siempre distorsiona la competencia?
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3. En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿qué funcionalidades de las conexiones considera relevantes para limitar potenciales efectos sobre la competencia?
Más información NP_Wifi consulta CMT y este artículo estructura muy bien muchas de las dudas, justificaciones de la consulta y casos prácticos como el del Ayuntamiento de avilés. Ver artículo
Las iniciativas de los ayuntamientos basadas en oferta de WIFI a la ciudadanía, como el modelo utilizado por Avilés, son una buen esfuerzo por democratizar el acceso a la Sociedad de la Información.
El problema es que estos temas se mezclan con los intereses de las empresas operadoras y al final se acaba hablando de regularizaciones, legalidad, y otros temas que nada tienen que ver con su objetivo real.
No podemos olvidar que el acceso a Internet en España no es asequible. Tenemos el adsl más caro y lento de Europa, no es accesible ni universal porque 4.000.000 de personas no pueden acceder a la banda ancha adsl y cable módem, en función de su lugar de residencia y, mediante móvil, es inviable para las familias al no ofrecer tarificación plana.
Desde los órganos reguladors se repite hasta la saciedad que las entidades locales no pueden competir con las empresas privadas en la prestación de servicios, ya que a estas las ampara la ley. Y esto no tiene por qué dejar de ser así, ya que los ayuntamientos están haciendo una inversión económica para prestar un servicio que no les va a generar un retorno de capital (la inversión no vuelve duplicada en forma de beneficios como hacen las operadoras).
¿A alguien le molesta que existan escuelas públicas de o-3 años como alternativa a la oferta tradicional privada? ¿Debemos privatizar la sanidad para romper con el binomio público-privado?. Creo que es hora de ponerse serios y entender de una vez que «lo público» debe tratar de ofrecer a la ciudadanía todas aquellas prestaciones que reviertan en el denominado bienestar social y en la mejora de su calidad de vida. Actualmente, Internet es una vía de acceso a una serie de entornos y posibilidades que pueden derivar, y derivan, en numerosos beneficios para la población. Si existen fórmulas para democratizar el acceso a Internet, ¿por qué ponerle tantas barreras?
Además, el hecho de que la gente pueda experimentar con conceptos como la movilidad, la interacción con la Administración Pública a través de los servicios públicos online, etc., son el mejor reclamo para generar una mayor demanda de servicios de telecomunicaciones.
Como conclusión: chapó por las iniciativas como la del Ayuntamiento de Avilés, fruto sin duda del esfuerzo de un grupo de personas que creen en la Sociedad de la Información y avanzan cada día en hacerla un poquito más posible.